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22 marzo, 2013

Privaticen la democracia

En épocas de crisis nuestros gobiernos privatizan los servicios públicos con la esperanza de ofrecer lo mismo a menor coste. En la práctica esto significa una externalización del sistema: Yo dejo de hacerme responsable de un servicio y el nuevo propietario se compromete a mantenerlo por un coste que debería de ser inferior. Esta premisa es lógica y obligatoria, puesto que nadie cede labores a cambio de perder más dinero.

La principal problemática de las privatización no radica en que el Ente Público deje ser el dueño del sistema, si no que la calidad del servicio baja de forma drástica en caso de que se desee mantener el statu quo de que un usuario siga siendo un usuario y que no se transforme de repente en un cliente.

La problemática reside en que por lo general la privatización de un servicio público es similar a una subasta inversa: Ofreces la potestad de explotar un servicio a la empresa que menos dinero te pide por hacerlo. Y ahí está el principal traba, si en teoría la externalización de servicios debía suponer una mejora de la profesionalidad y encima abaratas el presupuesto, realmente significa que vas a ahorrar costes contratando gente peor preparada y con salarios más bajos, sin hablar encima de que vas a hacer uso de consumibles y medios de menor coste y de peor calidad, produciendo realmente un empeoramiento muy notorio del servicio final.

Es decir, privatizar por ahorrar es tontería, puesto que en la práctica abaratas costes ofreciendo un servicio mucho peor. La cuestión es que cara a galería nuestros servicios públicos suelen ser básicos, por lo que a día de hoy tampoco se puede recortar mucho de ahí. Es por ello, que servicios básicos como la sanidad o la educación jamás de los jamases deberían de ser privatizados, puesto que el coste de una sola vida salvada o formada tiene un valor incalculable.

Ahí entramos en una paradoja: Salvar la economía de un país está bien, ¿pero de qué te sirve un país si éste no puede rescatar la vida de sus ciudadanos? Realmente, la quiebra técnica que dice sufrir el Estado no es nada que no haya vivido ya una familia embargada, por lo que no es de recibo que con la excusa de apretarnos el cinturón se exija más sacrificios por parte del que tiene menos culpa de la crisis. Queda gracioso que nos digan que no pagar nuestra deuda pública puede suponer el apocalipsis, mientras que miles de familias ya saben lo que es vivir con el miedo de recibir la visita del cobrador del frac.

Por último, querido lector, quisiera disculparme por el título engañino de esta entrada, puesto que nuestra demagogia-cracia realmente ya está privatizada:
  1. Luis Bárcenas: senador del 2004 al 2010 y tesorero del Partido Popular desde 1993 hasta 2008 (partido gobernante desde 1998 hasta 2004). Se calcula que llegó a tener hasta 38 millones de euros en cuentas bancarias de Suiza. Está imputado por el caso Gürtel por fraude, cohecho y blanqueo de dinero y además tiene el morro de reclamar más de 900.000 euros al Partido Popular por despido improcedente, maltrato laboral y robo de dos ordenadores.
  2. José Blanco: ministro de Fomento desde 2009 hasta 2011 y diputado por Lugo desde 1996 (sigue ocupando este cargo). Imputado por tráfico de influencias en el caso Campeón.
  3. Jaume Matas: ministro de Medio ambiente desde el 2000 hasta el 2003 y presidente de Baleares desde 2003 hasta 2007. Imputado por prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral en el caso Palma Arena. Condenado a seis años de cárcel.
  4. Francisco Camps: presidente de la Comunidad Valenciana desde el 2002 hasta el 2011 y diputado en las Cortes Valencianas desde 2003 (sigue ocupando este cargo). Fue imputado por el caso Gürtel por delito de cohecho. Fue absuelto por un jurado popular (cuatro votos en contra y cinco a favor), pero el Tribunal Supremo ha anunciado ayer que estudia la revocación de dicha absolución. En la actualidad la Fiscalía estudia imputarlo también por el caso Nóos.
  5. Ricardo Costa: Secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana desde 2007 hasta 2009 y diputado de las Cortes Valencianas desde 1999 (sigue en este cargo). Imputado en la trama Gürtel por delito electoral y falsedad documental. Declarado "no culpable" por un jurado popular con 4 votos en contra y 5 a favor.
  6. Joaquín Ripoll: vicepresidente de la Comunidad Valenciana de 2002 a 2003 y vicepresidente segundo de la Generalidad Valenciana de 1999 a 2002. Imputado en el caso Brugal por cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.
  7. Rafael Blasco: Portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas desde 2009 hasta 2012. Imputado en el caso Cooperación por delito de fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
  8. Carlos Fabra: presidente de la diputación de Castellón desde 1994 hasta 2011. Acaba de ser imputado en el caso Naranjax por tráfico de influencias, por cohecho y por delito fiscal.
  9. Sonia Castedo: Alcaldesa de Alicante desde el 2008 (sigue ocupando este cargo). Imputada por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en el caso Brugal.
  10. Jesús Sepúlveda: alcalde de Pozuelo de Alarcón desde 2003 hasta 2009 y senador desde 1993 hasta 2003. Por ser, es el ex marido de Ana Mato, actual ministra de Sanidad. Está imputado en el caso Gürtel por cohecho, prevaricación, malversación y por delito contra la Hacienda Pública. Su despido le costó al Partido Popular un finiquito de 229.000 euros.
  11. Conde Roa: alcalde de Compostela de 2011 hasta 2012, diputado del parlamento gallego desde 1985 hasta 1997 y diputado nacional desde 1998 hasta 2010. Imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la operación Pokémon.
  12. Enrique Crespo: alcalde de Manises de 1999 a 2012. Imputado por el caso Emarsa por  delito de malversación de caudales públicos continuado, de falsedad documental y cuatro delitos contra la hacienda pública.
  13. González Panero: Ex alcalde de Boadilla del Monte. Imputado en el caso Gürtel por delito contra la Hacienda pública, tráfico de influencias y cohecho.
  14. Antonio Rivas: delegado de Empleo en la Consejería de Sevilla. Imputado por cohecho en el caso Mercasevilla.

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